Principales Cambios y Alcance Territorial
La nueva normativa amplía su alcance a todo el territorio nacional, reemplazando la normativa vigente que sólo aplicaba a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Además de la protección del cielo nocturno, se incorpora la biodiversidad como un objetivo clave de protección, lo que representa un cambio significativo en la regulación del alumbrado exterior en todo el país.
Entre los cambios más destacados se encuentran la restricción de la emisión de luz azul, reduciéndose del 15% actual a un 7% para todo el territorio nacional, con una restricción aún más estricta del 1% en Áreas de Protección Especial. Estas áreas incluyen zonas de valor astronómico, áreas de protección de biodiversidad y zonas de reproducción de especies vulnerables.
Vigencia y Plazos de Cumplimiento
La normativa establece plazos diferenciados de cumplimiento según se trate de fuentes emisoras nuevas o existentes, y dependiendo de si su instalación se realiza en áreas de protección especial. Las fuentes nuevas tendrán un plazo de dos años para cumplir con la normativa, salvo en áreas de protección especial, donde deberán cumplir desde la entrada en vigor. Las fuentes existentes deberán cumplir la normativa al momento de su recambio, con plazos de hasta cinco años en áreas astronómicas y dos años en áreas de biodiversidad y zonas de reproducción.
Control y Fiscalización
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) serán las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, lo que requerirá una mayor coordinación entre ambas entidades para asegurar la comercialización de luminarias certificadas y el desarrollo de proyectos de alumbrado exterior acorde a las nuevas exigencias.
Impacto y Desafíos
La implementación de esta nueva normativa representa un desafío considerable tanto para el sector público como privado, especialmente para las municipalidades, que deberán ajustarse a las nuevas restricciones con presupuestos limitados. Además, se anticipa que el costo de luminarias certificadas podría ser un obstáculo para el cumplimiento de la normativa, lo que subraya la necesidad de apoyo y coordinación para garantizar una transición efectiva hacia un alumbrado público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
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